En el contexto del “proceso electoral más grande de la historia”, los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) recibirán un bono especial equivalente a dos meses de sueldo neto, aproximadamente 525 mil pesos, distribuido en dos pagos. Sin embargo, la legalidad de esta compensación ha suscitado dudas entre algunos consejeros.
El bono, aprobado en un acuerdo de la Junta General Ejecutiva del INE el pasado 17 de enero, se justifica como una compensación por la sobrecarga de trabajo derivada del “Proceso Electoral Federal y Locales Concurrente 2023-2024” en México. Aunque esta prestación, contemplada en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa, había sido renunciada por los consejeros desde 2009, este año se marcó una excepción al reactivarla.
En esta ocasión, por primera vez desde las elecciones federales de 2012, la Junta General Ejecutiva incluyó a las consejerías electorales en este acuerdo. La compensación no se limita solo a los consejeros, sino que se extiende a titulares y encargados de despacho de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, asesores de consejeros electorales, y personal contratado bajo el régimen de honorarios.
Sin embargo, tras la aprobación de este bono, algunos consejeros del INE expresaron su inquietud sobre la legalidad de esta compensación adicional. Aunque el sueldo bruto mensual de los consejeros es de 262 mil pesos, con el descuento de impuestos, la compensación final se estima en 359 mil pesos.
Algunos consejeros alegan no haber sido consultados sobre la reactivación de esta compensación, suspendida en 2012. Aunque se espera una respuesta oficial de la Dirección de Administración del INE, hasta el momento no se ha anunciado si renunciarán a este beneficio.
En días recientes, la Junta General Ejecutiva decidió incluir a los 11 consejeros y al titular de la Secretaría Ejecutiva en la compensación que tradicionalmente se otorga a todo el personal del INE durante cada elección. El acuerdo se basa en respetar los límites de remuneración establecidos por el artículo 127 constitucional y su ley reglamentaria.
Consejeros como Martín Faz y Dania Ravel han enviado un oficio a la Dirección de Administración del INE, buscando aclaraciones sobre la legalidad del bono y si la percepción prevista en el artículo 67 del Estatuto, no contemplada en el tabulador, debe ser devuelta o puede conservarse como un derecho laboral.
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